Un nuevo requisito federal, implementado el 11 de abril bajo el segundo mandato de Donald Trump, exige que todos los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos se registren ante el gobierno federal o enfrenten sanciones, incluidas multas, detención y eventual deportación.
Aunque el régimen de Trump presenta esta medida como un regreso a la “ley de larga data,” la estrategia recuerda precedentes escalofriantes de la Alemania nazi previa al Holocausto. Algunos historiadores y defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que ya no se trata de una comparación teórica, sino histórica.
El sistema de registro entró en vigor tras un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional el 25 de febrero. Quienes no cumplan con la orden podrían ser acusados de delitos migratorios. Quienes sí lo hagan siguen sujetos a vigilancia, detención y deportación.
El gobierno federal también ha clasificado a más de 6.000 inmigrantes vivos como fallecidos, lo que les ha despojado de sus números de Seguro Social y les ha cortado el acceso a servicios bancarios, empleo y servicios básicos. La medida pretende forzar una llamada “autodeportación” haciendo que la vida en EE. UU. sea logísticamente imposible.
REGISTRO COMO ARMA DE CONTROL
Para cualquiera con conocimientos básicos de la historia del siglo XX, las implicaciones son impactantes. En 1938, la Alemania nazi emitió decretos que obligaban a todos los judíos a registrar sus propiedades. Ese mismo año, los pasaportes judíos fueron marcados con una “J” roja. A los judíos sin nombres “visiblemente judíos” se les obligó a adoptar nombres adicionales —como Israel para los hombres y Sara para las mujeres.
En 1939, se exigió a los judíos portar tarjetas de identificación especiales. El registro no era solo una medida burocrática. Era el fundamento para la exclusión dirigida, la expropiación y, finalmente, el genocidio.
El registro de inmigrantes del régimen de Trump opera con un mecanismo comparable. Ahora, el gobierno exige que toda persona indocumentada lleve consigo documentos de registro en todo momento, una exigencia indistinguible en espíritu de las tarjetas de identificación obligatorias emitidas a los judíos bajo el Tercer Reich.
Quienes no se registren pueden ser multados o encarcelados. Quienes sí lo hagan enfrentan una posible reclusión en centros de detención —muchos de ellos privados, con fines de lucro y en expansión— antes de iniciar los procedimientos de deportación.
Actualmente, EE. UU. mantiene a decenas de miles de personas en detención migratoria, y la infraestructura para detenciones masivas está creciendo bajo contratos federales. Los defensores advierten que este proceso no solo aísla a los inmigrantes de sus comunidades, sino que construye un sistema de control estatal que podría redirigirse más adelante contra otros grupos marginados.
ANA FRANK REIMAGINADA EN MILWAUKEE
Estos temores no son abstractos en ciudades como Milwaukee, donde las familias latinas —muchas de ellas católicas— ya están experimentando las consecuencias de la aplicación agresiva de las leyes migratorias.
Un reportaje publicado en 2019 por “Milwaukee Independent” llamó la atención sobre los inquietantes paralelismos entre el Holocausto y el trato de Estados Unidos hacia los inmigrantes hispanos durante el primer mandato de Trump. El artículo imaginaba el diario de Ana Frank reescrito como el de una niña mexicana, escondida de los agentes federales en lugar de la Gestapo.
Párrafos enteros fueron transcritos palabra por palabra, cambiando solo “judío” por “latino” y “nazis” por “ICE,” con una claridad devastadora.
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El artículo relataba cómo una madre latina y sus hijos vivían escondidos en Milwaukee, protegidos por una mujer judía que reconocía en su sufrimiento el mismo miedo existencial que sus antepasados experimentaron en Alemania.
La presentación escénica de “El diario de Ana Frank,” reimaginada completamente con personajes latinos escondiéndose de agentes migratorios, llevó la comparación al centro del debate público. Ahora, en 2025, esos temores se han intensificado —pero las políticas se han convertido en ley.
CUANDO LA LEGALIDAD OCULTA LA INJUSTICIA
No es ilegal estar presente en Estados Unidos sin documentos, a menos que una persona haya sido deportada y regrese sin permiso. Para los inmigrantes indocumentados por primera vez, la ley federal considera el asunto una infracción civil, no penal.
Sin embargo, al implementar una ley de registro obligatorio y asociar sanciones penales por no cumplirla, el régimen de Trump ha criminalizado efectivamente la presencia indocumentada. Esto refleja la transformación legal que enfrentaron los judíos en Alemania tras las Leyes de Núremberg, que les despojaron de la ciudadanía y criminalizaron su existencia en la vida pública.
Además, la cancelación de los números de Seguro Social para inmigrantes señalados es prácticamente idéntica en función a la política nazi que obligaba a los judíos a registrar sus activos financieros en 1938, paso previo a la confiscación masiva de propiedades antes de la deportación.
Hoy, el gobierno federal de EE. UU. bajo Trump utiliza mecanismos administrativos para volver invisibles a las personas en el papel. Al revocar los números de Seguro Social y clasificar a personas vivas como fallecidas, el sistema elimina efectivamente su existencia legal. Les corta el acceso a empleo, banca, vivienda y casi todas las formas de vida pública. La táctica está diseñada para aislar, deshumanizar y forzar la partida sin un enfrentamiento directo.
ESTRATEGIAS LEGALES, RESULTADOS ESCALOFRIANTES
Aunque el régimen de Trump afirma que solo está “haciendo cumplir las leyes migratorias existentes,” los críticos señalan que estas afirmaciones recuerdan las mismas justificaciones utilizadas por los funcionarios alemanes en los años 30. Las leyes del régimen nazi también eran “legales” bajo su constitución. La legalidad, advierten, no es garantía de justicia.
Lo que distingue al registro de la era Trump es lo directamente que apunta a una población específica, con el fin de restringir su movilidad, terminar con su empleo y forzar su autoexpulsión. Departamentos federales, incluyendo Seguridad Nacional y el Tesoro, han firmado acuerdos que permiten al IRS compartir datos fiscales con las autoridades migratorias. Esto permite a ICE cotejar nombres y direcciones para iniciar arrestos o procesos de deportación.
En Alemania, una red burocrática similar permitió al Reich confiscar bienes, apoderarse de empresas y eventualmente coordinar los traslados a guetos y campos. Cada etapa dependía del cumplimiento a través del registro forzado, la normalización silenciosa y la indiferencia pública.
A medida que se intensificaron las deportaciones, a los prisioneros judíos en campos de concentración se les asignaron números de serie, a menudo tatuados en los antebrazos, reemplazando sus nombres en todos los registros oficiales. La eficiencia del sistema dependía de despojar gradualmente a las personas de toda identidad, hasta que pudieran ser procesadas, transportadas y eliminadas sin resistencia pública.
Actualmente, los centros de detención migratoria en todo EE. UU. se están llenando. Contratistas privados han ampliado instalaciones en Texas y Luisiana. Estos centros ahora operan de maneras que, según los críticos, se asemejan a los primeros campos de concentración nazis: no campos de exterminio, sino instrumentos de control y castigo. Las personas son retenidas por períodos indefinidos en condiciones de hacinamiento, sin acceso a abogados y, a menudo, sin haber cometido otro delito que no sea carecer de papeles de ciudadanía.
EL MODELO DE DETENCIÓN CON FINES DE LUCRO
La rápida expansión de la detención migratoria bajo el actual régimen de Trump no es simplemente una cuestión de política; es un modelo de negocio rentable. Los contratos federales con corporaciones penitenciarias privadas están generando miles de millones en ingresos por cada persona detenida.
Bajo el marco de Trump en 2025, este sistema se ha intensificado. Con el nuevo registro en marcha, ICE y el DHS pueden identificar y detener a un gran número de personas indocumentadas y canalizarlas hacia una red creciente de centros de detención federales y contratados.
Aunque oficialmente se les llama “centros de detención,” la comparación con los primeros campos de la era nazi no es sensacionalista. En los años 30, los judíos eran detenidos no por delitos, sino por su identidad. Eran retenidos bajo detención administrativa —una zona legal gris donde se suspendía el debido proceso. Ese mismo mecanismo se refleja en cómo los detenidos actuales —que incluyen solicitantes de asilo, estudiantes y trabajadores— están siendo retenidos sin juicio por períodos indefinidos.
Además, la infraestructura misma se está expandiendo. Antiguas escuelas, almacenes y refugios temporales están siendo convertidos en centros de reclusión. La Patrulla Fronteriza e ICE cuentan con amplios poderes discrecionales. El incentivo económico para detener, combinado con mecanismos legales diseñados para evitar las protecciones judiciales tradicionales, crea un marco inquietantemente similar al sistema alemán temprano de eliminación social masiva.
UNA VEZ NORMALIZADO, SE EXPANDE
La historia demuestra que los sistemas de registro y vigilancia masiva nunca permanecen limitados a sus objetivos iniciales. Lo que comienza con un grupo se convierte en precedente para otros.
La orden de registro del 11 de abril ya se está aplicando más allá de la frontera. Estudiantes universitarios, extranjeros con estatus legal temporal e individuos afiliados a protestas políticas han sido detenidos.
Los grupos defensores de libertades civiles advierten que este es un punto de inflexión crítico. Una vez que se normaliza un sistema federal de registro para indocumentados, poco impide que esa estructura se amplíe para apuntar a disidentes, minorías religiosas, periodistas o adversarios políticos.
En los años 30, los ciudadanos alemanes que no eran judíos apoyaron políticas que no los afectaban directamente. Solo después de que la maquinaria de vigilancia y detención estatal se fortaleciera lo suficiente, comenzó a volverse hacia adentro, atacando a cualquiera que se resistiera.
EL PELIGRO DE OLVIDAR
La reimaginación de la historia de Ana Frank como una joven latina escondida de ICE, como se exploró en el artículo de “Milwaukee Independent” de 2019, no fue concebida como sátira. Fue una advertencia. Y hoy, se lee más como una profecía.
Milwaukee, una ciudad lejos de la frontera sur, forma parte ahora de esa historia. Con una de las poblaciones latinas de más rápido crecimiento en el Medio Oeste, las familias locales han compartido sus temores sobre redadas, detenciones y la desaparición repentina de sus seres queridos. La comparación con Ana Frank no es retórica, ahora proviene de la experiencia vivida.
Si los estadounidenses ignoran ahora las señales de advertencia, si descartan los paralelismos históricos como alarmismo o ruido político, puede que un día se encuentren registrados, aislados o borrados —preguntándose cómo ocurrió y por qué nadie lo detuvo.
Gregory Bull (AP), Matt Rourke (AP), Eric Gay (AP), and Alex Brandon (AP)
![Dominic Inouye: On Discovering the [Real] Heart of Milwaukee](http://www.milwaukeeindependent.com/wp-content/uploads/2018/12/00_121518_RealHeartMKE_001-440x264.jpg)
